Base jurídica, perspectiva a nivel sub regional el Mercosur

Así mismo y de manera sub regional, el Mercosur ha venido desarrollando programas, actividades y acciones en materia de derechos humanos. Ejemplo de esto son la Declaración Presidencial sobre Compromiso Democrático en el Mercosur (1996), en la reunión que tuvo lugar en junio de 1996 en la provincia de San Luis – Argentina; y posteriormente el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur[1] (1998).

En 2003 el CMC por Decisión 26/03 en el marco de la aprobación del Programa de Trabajo de Mercosur 2004 a 2006, en lo relativo a la temática de Derechos Humanos, estableció la necesidad de “Profundizar el intercambio de información y la promoción y el respeto a los derechos humanos en la región [así como] avanzar en los trabajos tendientes a la institucionalización del Grupo Ad Hoc en materia de Derechos Humanos el cual ha sido identificado como un mecanismo eficaz para el intercambio de información, experiencias y la búsqueda de consensos en los Foros en que participan los países del bloque, y asimismo, promover la evaluación y discusión sobre la conveniencia de adoptar una Carta de Derechos Humanos del MERCOSUR”[2]

Otro claro ejemplo se dio en 2004 con la creación de la Reunión de Altas Autoridades competentes en Derechos Humanos mediante Decisión 40/04 del Consejo Mercado Común (CMC) durante la Cumbre Presidencial en Brasil. En la primera reunión de la nueva estructura se elaboro el Protocolo sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Mercosur también conocida como “cláusula de derechos humanos” sancionada por Decisión CMC 17/05, convirtiéndose en un foro para le intercambio de buenas practicas en materia de derechos humanos entre los Estados parte del Mercosur y los Estados Asociados, y un lugar de dialogo entre estos y los representantes de la sociedad civil.

De esta manera, el Mercosur no solo se configura como un esquema de integración que propicia el libre comercio y  establecerse como una unión aduanera, sino que además se perfila como un elemento estabilizador en la región a causa de los vínculos comerciales y políticos que ha profundizado en la madeja de intereses que se entrecruzan. La aparición de la necesidad de abordar asuntos de dimensiones políticas regionales tales como el fortalecimiento del Estado de derecho y las instituciones democráticas, así como la garantía de los derechos humanos, se dio en 1992 en la reunión presidencial en Mendoza – Argentina, donde se resalto la importancia de la vigencia de las instituciones democráticas como condición para la existencia y el desarrollo del Mercosur, abordando así temáticas de política regional.

En este contexto en 2007 por medio de la Decisión CMC 05/07 se creo el Observatorio de la Democracia del Mercosur, con el objeto de contribuir al fortalecimiento de los objetivos plasmados en el Protocolo de Ushuaia, realizan una tarea de seguimiento de cara a los procesos electorales de los Estados Parte y para desarrollar actividades encaminadas a la consolidación de la democracia en la región.

Como hemos visto, a nivel universal y regional existen diversos mecanismos de protección y de participación directa para la garantía de los Derechos Humanos; en este sentido, las iniciativas del Mercosur marcan una pauta importante al momento de re pensar la coordinación de Derechos Humanos en la Unasur; si bien el bloque del cono sur se caracteriza más por la dinámica comercial, el que tengan presente y resalten la importancia de los DD HH para lograr sus objetivos entre ellos el desarrollo, son un punto orientador para establecer un mecanismo que se articule con el sistema Interamericano desde la Unión de Naciones Suramericanas, un proyecto con tintes claramente más políticos.

Coda: en este contexto hay que resaltar la denuncia de Venezuela al Pacto de San José de Costa Rica, que es el pilar del sistema regional, y se abre el debate sobre como va a armonizar su legislación con el derecho derivado del Mercosur como el protocolo de Ushuaia, y tendremos que ver el impacto de esta denuncia en el marco de la Unasur cuando esta ha elegido los integrantes de la misión de observación para las próximas elecciones.

Lic. Mario Alvarado

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano  – Colombia

MA International Relations UBA Argentina

PERSPECTIVA UNASUR


[1] El protocolo en su primer articulo, reconoce “La plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración...”

[2] PROGRAMA DE TRABAJO DEL MERCOSUR 2004-2006 VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la Decisión Nº 9/95 del Consejo del Mercado Común.  MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 26/03

El sistema interamericano, base jurídica para la protección ciudadana

A nivel del continente americano existe un sistema regional de protección en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), el llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) reconoce, define y establece obligaciones tendientes a la promoción y protección de los DD HH por medio de la creación de órganos destinados a su observancia.

El sistema interamericano tiene su inicio con la adopción de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, en el marco de la Carta de la Organización de los estados Americanos. Así mismo, “…el sistema cuenta con otros instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención Americana o Convención); Protocolos y Convenciones sobre temas especializados, como  la Convención para prevenir y sancionar la tortura, la Convención sobre la desaparición forzada y la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, entre otros; y los Reglamentos y Estatutos de sus órganos.”[1]

El SIDH está compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de derechos Humanos. Creada por la resolución III de la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones exteriores (1959) la Comisión tiene el objeto de “…subsanar la carencia de órganos específicamente encargados de velar por la observancia de los derechos humanos en el sistema.”[2] Por medio de la observancia y la defensa de los DD HH. Con competencias políticas y funciones cuasi judiciales, la Comisión recibe las denuncias de particulares y organizaciones concernientes a la violación de los derechos humanos, las examina y adjudica los casos según los requisitos de admisibilidad con el fin de alcanzar una solución amistosa de la cuestión. De no ser así, la Comisión puede ponerlo en conocimiento de la Corte por medio de la presentación de una demanda.

Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace parte de los tres Tribunales Regionales de protección de los Derechos Humanos junto con la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Corte Europea de Derechos Humanos. Creada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica (1969), la Corte posee una función contenciosa, que determina la ocurrencia de un Estado en responsabilidad internacional a causa de la violación de alguno de los derechos estipulados en la Convención Americana; y otra consultiva, por la cual sirve de órgano de consulta de los Estados miembros de la OEA y a los órganos de la misma; complementariamente a estas dos funciones, la Corte cuenta con la facultad de adoptar medidas provisionales en casos de extrema gravedad y urgencia, cuando sea necesario evitar daños que se consideren irreparables hacia las personas, tanto en casos que sean de conocimiento de la Corte, como aquellos en donde no se han sometido a su conocimiento.

Las actuales dinámicas mundiales, especialmente las europeas y estadounidense, resaltan la importancia de comprometerse aun más con los proyectos de cooperación e integración en la región suramericana; proyectos como la Unasur y el Mercosur toman mayor relevancia al constituirse como instituciones que permitan el desarrollo y la adopción de valores universales otrora invocados pero no garantizados.

De esta manera es necesario observar comparativamente los sistemas de protección de Derechos Humanos para abstraer las buenas practicas y volcarlas a la ciudadanía de la región, como base de partida a las nuevas construcciones sociales e institucionales que estamos viviendo a causa de las nuevas y crecientes demandas sociales, se hace indispensable para realizar debates abiertos y más claros sobre asuntos que competen no solo a los estados sino a los ciudadanos en temas como la paz, la justicia, el medio ambiente y los derechos humanos.

Lic. Mario Alvarado

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano  – Colombia

MA International Relations UBA Argentina

PERSPECTIVA UNASUR


[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos http://www.corteidh.or.cr/info_consultas.cfm

[2] Ibíd

Un capital estratégico en Sudamérica: “El Acuífero Guaraní”

Desde hace 4.000 millones de años no ha cambiado la cantidad de agua de la que disponemos en la Tierra. El ciclo del agua ilustra maravillosamente la frase de Lavoisier: Nada se pierde, nada se crea, todo se transforma.

El Acuífero Guaraní, conocido hasta ahora como la tercera  reserva subterránea de agua dulce del planeta, abarca a cuatro países sudamericanos (Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina) y es capaz de abastecer a todo el planeta durante 200 años de agua potable.

El Acuífero Guaraní, debido a sus potencialidades socio-económico-estratégicas, ha sido considerado a “menina dos olhos” de los países a él sobreyacentes, de muchas empresas internacionales que ven un gran negocio del que se pueden beneficiar y de algunos países desarrollados interesados en el uso de esas aguas.

Por la inexistencia de una ley específica en cuanto a la utilización de las aguas subterráneas, viene ocurriendo la falta de control y fiscalización haciendo que este sea utilizado de forma irracional pudiendo ser degradado por las actividades humanas que se encuentran encima del acuífero o hasta por la excesiva utilización realizada por pozos clandestinos. Con eso se aumentan los riesgos de contaminación del acuífero.

Cabe recordar que el agua es un bien público, derecho humano, patrimonio de todos los seres vivos. Tratar de controlar el agua es tratar de controlar la vida, pues ningún ser vivo consigue vivir sin ésta.

Se torna imprescindible estimular políticas educacionales que permitan una mayor participación de la sociedad civil, de las ONGs y de las universidades para estimular la construcción de la conciencia a fin de una preservación más efectiva de ese inmenso manantial de aguas subterráneas y en la implementación de políticas públicas más adecuadas para la protección de las aguas subterráneas, pues éstas se encuentran insuficientemente protegidas.

Se calcula que para los 6.250 millones de habitantes actuales del planeta se necesitaría ya un 20% más de agua. El agua brota como el mayor conflicto geopolítico del siglo XXI ya que hoy es un bien escaso en Europa y EEUU, y se espera que en el año 2025, la demanda de este elemento será un 56% superior que el suministro y quienes posean agua podrían ser blanco de un saqueo forzado.

En ese contexto, de todos los escenarios posibles, los especialistas eligen dos. Uno, la apropiación territorial a través de compras de tierras con recursos naturales. Dos, a futuro y en la peor de las circunstancias no se descarta una invasión militar.

Esta hipótesis traza un paralelo con la última guerra en Irak y la actual apropiación de las grandes petroleras estadounidenses de la riqueza iraquí. El escritor norteamericano Norman Mailer agregó algo más: “La administración de George W. Bush no fue sólo a Irak por su petróleo, sino por el Éufrates y el Tigris, dos ríos caudalosos en una de las zonas más áridas del planeta”.

La pugna es entre quienes creen que el agua debe ser considerado un bien comercializable y quienes expresan que es un bien social relacionado con el derecho a la vida.

Desde noviembre de 2001, el Banco Mundial, a través del GEF (uno de sus brazos, especializado en cuestiones de medio ambiente) financia lo pertinente a investigación y a los trabajos tendientes a lograr el “desarrollo sustentable” del acuífero. A partir de ese momento los gobiernos que comparten el yacimiento pusieron en manos extra nacionales el estudio del recurso, lo que, en función de las miradas más desconfiadas, es como haber servido en bandeja el tesoro. Organismos alemanes, holandeses y programas de la ONU participaron del proyecto.

El derecho internacional nos permite reconocer que no hay un vacío jurídico en la materia y que sí existen normas jurídicas aplicables a la gestión de los recursos naturales compartidos y el SAG es uno de estos recursos. Es cierto que no tenemos normas específicas creadas ad hoc para el Sistema Acuífero Guaraní. La consecuencia de ello, no es que no tengamos norma jurídica alguna aplicable a este sistema de aguas subterráneas, sino que si bien no tenemos normas aplicables a este sistema en particular, son aplicables las normas generales del derecho internacional consuetudinario y las normas convencionales que sean aplicables entre los Estados en los que encuentra el acuífero.

El hecho que el recurso pertenezca a los cuatro Estados no quiere decir que haya un condominio sobre el recurso. El recurso es un recurso nacional sujeto a un régimen de aprovechamiento y de gestión de carácter multilateral restringido a los Estados titulares del recurso. No se trata de un régimen de co-titularidad sino de co-gestión.

En agosto de 2010 los cuatro países suscribieron en San Juan, Argentina, el “Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní”, teniendo en cuenta la resolución 1803 de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa a la soberanía permanente sobre los recursos naturales, resolución 63/124 del mismo organismo sobre el “Derecho de los Acuíferos Transfronterizos” y otros mencionados en el acuerdo.

Lic. Manoela Carvalho de Andrade

Hacia la creación de una Coordinación de derechos Humanos en el marco de la UNASUR. Aproximaciones: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Hoy en día en lo referente a la protección y promoción de los derechos humanos  existe una variedad de sistemas que buscan su garantía y exigibilidad, entre ellos el europeo institucionalizado en la Corte Europea de Derechos Humanos, tal vez uno de los más avanzados debido a su accesibilidad por parte de los individuos (Demandas individuales, articulo 34), siempre y cuando cumpla con las condiciones de admisibilidad[1].

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un tribunal internacional con competencia para conocer demandas individuales o estatales con respecto a violaciones de derechos civiles y políticos contenidos en el  Convenio Europeo de derechos Humanos de 1950, tratado internacional por medio del cual los Estados miembro del Consejo de Europa garantizan el ejercicio de los derechos fundamentales, políticos y civiles a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción, poniendo especial énfasis en el derecho a  al vida, la libertad de expresión, libertad de pensamiento conciencia y de religión, así como el derecho a la propiedad.

Así desde si institución en 1959 el tribunal funciona de forma permanente y a partir de 1998 se introdujo la posibilidad de que los particulares puedan dirigirse a él de forma directa. Desde entonces el numero de cacos conocidos por la corte ha aumentado exponencialmente, después de 10 años de la reforma del 98  el Tribunal ha proferido más de 10,000 fallos entre 1998 y 2011, 91% más que los que profirió desde su creación en 1959; en 2011, la Corte dictó 1.157 sentencias relativas a 1.511 solicitudes. Resolviendo un total de 52.188 solicitudes en 2011.

Fallos proferidos por la Corte Europea de Derechos Humanos

Fuente: The European Court of Human Rights in facts & figures, 2011.

En lo respectivo a la violación de derechos contenida en la Convención, se ha identificado en el periodo 1959 – 2011, que los derechos con mayor tendencia a ser vulnerados son el derechos: a un juicio justo con 45.01% de incidencia en los fallos de la corte, la prohibición de la tortura y de tratos inhumanos o degradantes con 7,5%, la protección a la propiedad 13,35%, derecho a la libertad y a la seguridad 11,46%, y el derecho a la vida 4,15%, entre otros.

Fuente: Overview 1959 – 2011, The European Court of Human Rights, Febrero 2012.

Así, todos los nacionales de los Estados parte del Consejo de Europa tienen la oportunidad de recurrir al Tribunal para exigir la efectividad de los derechos civiles y políticos consagrados en la Convención Europea de Derechos Humanos, la cual abrió una instancia mas para custodiar el cumplimiento de estas libertades en el marco del sistema de valores de justicia, democracia y primacía del estado de derecho en la región.

En el contexto Americano, y a  nivel regional la existencia del Sistema Interamericano de protección a los Derechos Humanos abre el dilema de como articular la propuesta realizada por Ecuador de la creación de la Coordinación de derechos Humanos en el marco de la Unasur. Por ahora los Ministros de Relaciones Exteriores acordaron el establecimiento de un Grupo de Trabajo para estudiar la propuesta sobre como tratar la garantía y promoción de los Derechos Humanos, y quedamos al tanto de los avances y propuestas de articulación de la coordinación al sistema regional.


[1] Agotar todas las vías de recurso de derecho interno, invocar uno o más derechos de los enunciados en el Convenio Europeo, el Tribunal debe además recibir la demanda en un plazo de seis meses desde el pronunciamiento de la última decisión  judicial interna, el demandante debe ser víctima personal y directa de una violación del Convenio y debe haber sufrido un perjuicio importante, finalmente demanda debe ser interpuesta contra uno de los Estados Parte en el Convenio y no contra otros Estados o contra un particular.

Integración regional y migraciones

La integración regional constituye un proceso complejo que involucra un conjunto de fenómenos políticos, económicos, culturales y sociales sobre los cuales los Estados parte deben lograr acuerdos a fin de definir políticas coordinadas que incentiven la complementariedad y reduzcan la competencia intrarregional. El tránsito de personas y la regulación de los flujos migratorios forma parte de estos aspectos a ser abordados, manifestándose como desafío para el proceso de integración en marcha en América Latina.

En este contexto, la Ley Nacional de Migraciones argentina, sancionada en 2004, (ley 25.871) tiene la potencialidad de constituirse como un modelo para el tratamiento de la migración como un derecho humano y una herramienta de integración regional.

Esta potencialidad se apoya en el artículo 4º de la Ley, donde a diferencia de legislaciones de otras partes del mundo, se reconoce específicamente el derecho humano a migrar. Así como en las consideraciones del decreto reglamentario 616/10 donde se explicita que “la República Argentina ha reformulado los objetivos de su política migratoria, en un marco de integración regional latinoamericana”.

Es decir que el Estado argentino entiende la regulación de los procesos migratorios como mucho más que el control fronterizo, asumiendo la complejidad del fenómeno, que involucra la diferencia fáctica entre migración y tránsito de personas, la perspectiva de los derechos humanos y la integración regional, en vistas a la compatibilización de un marco normativo regional para la cuestión migratoria.

Se trata de un posicionamiento fundamental de la normativa migratoria argentina, que se concretiza en los artículos 5º, 6º y 7º con el reconocimiento de la igualdad de derechos de los inmigrantes para el acceso a la salud, la educación y la seguridad social, independientemente de su situación migratoria. Esto último adquiere una gran relevancia si tenemos en cuenta la decisión de los Estados de Mercosur y Unasur de lograr una asimilación en cuanto al acceso a derechos sociales.

Por otro lado, la legislación argentina establece una diferenciación básica entre los migrantes provenientes de países de la región y aquellos que llegan de otras partes del mundo. Esta diferenciación básica se concretiza en la facilitación de los requisitos para la obtención de la radicación a los ciudadanos de los Estados Parte del Mercosur y sus Estados Asociados, según se contempla en el artículo 28, “la posibilidad de establecer esquemas diferenciados de tratamiento entre los países que con la Argentina forman parte de una región respecto de aquellos países que resulten terceros dentro del proceso de regionalización, priorizando las medidas necesarias para el logro del objetivo final de la libre circulación de personas en el MERCOSUR.”

Si bien este objetivo final está lejos de cumplirse, existen datos significativos que muestran un avance en la búsqueda de alcanzarlo. Según la Dirección Nacional de Migraciones, en el período transcurrido entre los años 2004 y 2009 las radicaciones resueltas han aumentado de manera constante. Refiriéndonos a los datos absolutos, vemos que entre permanentes, temporarias y de otro tipo, se completaron 736.646 radicaciones, habiéndose iniciado 927.027[1]. De las que lograron resolverse, más del 90% corresponden a ciudadanos de países de América del Sur.

Por otra parte, la potencialidad para la integración regional de la perspectiva argentina en este sentido ya ha comenzado a expresarse con en la ley migratoria uruguaya sancionada en 2008. En la actualidad, tanto Brasil como Paraguay, Chile, Perú y Ecuador se encuentran en un proceso de debate acerca de la necesidad de reformar su legislación migratoria.

Actualmente, la normativa de estos Estados se asemeja a la restrictiva ley que rigió en la Argentina hasta 2004. El proceso que llevó a la sanción de la Ley 25.871 y el posicionamiento cristalizado en su contenido proporcionan una base para esta discusión en términos de respeto a los derechos humanos y profundización de la integración regional.

Como sabemos, la adecuación normativa constituye un paso fundamental para la consolidación de UNASUR. La Ley Nacional de Migraciones proporciona recursos para lograr esta adecuación en un aspecto tan fundamental para la articulación de los intereses regionales como es la libre circulación de personas en por los territorios de los Estados parte del bloque.

Lic. Juan Manuel Quiroga

Director Ejecutivo Fundación Ciudadanos del Mundo


[1] Dirección Nacional de Migraciones, Ministerio del Interior: Estadística General de Radicaciones Iniciadas y Resueltas, en http://www.migraciones.gov.ar.